Pese a las gestiones personales, Del Aguila no consiguió finalmente estar presente en la reunión de la OEA. (Foto: Taskichiyperu)
La discapacidad dentro de la estructura del Estado peruano ocupa, cada vez, menos importancia. Hechos para ratificarlo sobran. La pretendida fusión del Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad con el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos es otra clara muestra. Pero hay más evidencias. La reciente ausencia del representante peruano ante la OEA en la instalación del comité anti discriminación contra las personas con discapacidad constituye otra visible desatención para este segmento de tres millones y medio de peruanos.
“Hasta el último realicé el mayor de mis esfuerzos gestionando ayuda de organismos internacionales para poder asistir al evento, pero me ha sido imposible. Del propio Estado tampoco he recibido el apoyo", comenta con resignación Luis Miguel del Aguila, el delegado peruano ante la OEA que debió acudir a la reunión regional.
La sesión se realizó el pasado 28 de febrero en Panamá y contó con solo dos ausencias, los representantes de Perú y Paraguay. Para no desairar a la OEA, nuestro país acreditó un diplomático residente en ese país. El problema: no es un especialista del tema.
Del Aguila, un militante permanente por los derechos de las personas con discapacidad, remitió al diplomático peruano, sin egoísmo alguno, la serie de aportes que trabajó con el colectivo discapacitado durante meses. “Espero que haya expresado cuál es la posición peruana y entregado el material que he enviado”, señala.
La elección y nombramiento Del Aguila como representante del Estado peruano fue realizada hace casi medio año por un comité seleccionador integrado por altos funcionarios del Ejecutivo, el Congreso y el ministerio de Relaciones Exteriores.
Los delegados ante el Comité de la OEA trabajan dentro de los estatutos establecidos en la convención interamericana contra toda forma de discriminación que afectan a las personas con discapacidad.
La función básica de dicho comité es examinar y evaluar los informes de los distintos países de América y hacer las recomendaciones necesarias para prevenir y eliminar cualquier tipo de discriminación.
Se espera también que puedan movilizar procesos en sus propios países en coordinación con las distintas instituciones de la sociedad civil y el sector público y privado.
Redacción Taskichiyperu
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